Periodismo oficial y periodismo militante
La credibilidad periodística sólo se construye en el ejercicio honesto y sistemático de la crítica y en la búsqueda de la verdad
La última declaración del grupo de intelectuales kirchneristas denominado "Carta Abierta" realizó un valioso aporte al debate público. Denominó "periodismo oficial" a la red de empresas periodísticas que dependen para subsistir de la pauta publicitaria del Estado. Era hora de que, desde las inmediaciones del poder, se designara con el término adecuado a esa cadena de medios que prospera a la sombra del Gobierno.
La fórmula "periodismo militante", que se utilizó hasta el hartazgo, era no sólo incorrecta, sino injusta. El periodismo militante, de larga tradición, es el que cultivan todos aquellos que, corriendo riesgos económicos y, muchas veces, políticos, fundan un órgano de prensa para defender una idea, una concepción del mundo. La cultura política occidental debe muchísimo a ese periodismo que enriquece el debate ofreciendo una visión de la realidad desde un punto de vista explícito. Muchos diarios nacieron al amparo de ese impulso, la mayoría de las veces para expresar a partidos políticos o núcleos ideológicos.
Sería engañoso y, sobre todo, mezquino para esa noble tradición, extender la calificación "militante" a diarios, radios, páginas de Internet o canales de TV que sólo se proponen como órganos de propaganda del Gobierno. A diferencia del anterior, este género se alimenta del dinero de los contribuyentes y, en vez de elaborar una imagen propia de la vida pública, reproduce la que le indican desde las oficinas de la burocracia. Para esta forma de divulgar los slogans del poder resulta mucho más ajustada la expresión "periodismo oficial".
El kirchnerismo creó, y alimenta con recursos del Estado, un grueso anillo de medios destinados a hacer campaña en favor de sus decisiones y, sobre todo, en contra de las posiciones ajenas. Esa maquinaria es tan grande que amenaza con ser un verdadero monopolio. En el centro de esa red está el Grupo Veintitrés, liderado por Sergio Szpolski, que incluye Radio América, CN23, varios diarios como Tiempo y El Argentino, y las revistas Veintitrés, Forbes y Newsweek.
El grupo Szpolski mantiene vidriosas vinculaciones con el aparato de inteligencia del Estado. Su gerente financiero es Juan José Gallea, quien ocupó la Dirección de Finanzas de la ex SIDE durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Gallea ocupaba ese cargo durante el episodio de presuntas coimas pagadas en el Senado. El juicio oral y público por ese caso se está llevando adelante en estos días. Al cabo del primer cuatrimestre de este año, el grupo Szpolski se benefició con un incremento del 114% de publicidad oficial respecto del mismo período de 2011.
El Grupo Uno, con sede central en Mendoza, es el segundo conglomerado del país si se lo mide por su volumen. Pertenece al ex diputado y ex ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano, y al empresario Daniel Vila. Manzano y Vila enfrentaron con dureza la ley de medios porque su vigencia los obligaría a desprenderse de algunos medios. Pero hoy constituyen otra de las plataformas de comunicación del oficialismo. El aumento de la publicidad oficial para este grupo, si se compara el primer cuatrimestre de este año con el mismo período del año anterior, fue del 847 por ciento.
La solidaridad del Gobierno con estos pseudoempresarios no sólo se refleja en la distribución de publicidad. Manzano y Vila consiguieron en diciembre pasado que la Gendarmería ingresara en la sede porteña de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, para hacer cumplir una orden de un cuestionado juez federal de Mendoza por una causa originada en Salta.
El Gobierno consolidó también su gravitación en el denominado Grupo Hadad (C5N, Radio 10 e Infobae). El zar del juego Cristóbal López, beneficiario de innumerables decisiones oficiales de la Presidenta y de su fallecido esposo, ingresó en esa empresa contrariando algunas cláusulas de la ley de servicios de comunicación audiovisual impulsada por el kirchnerismo, entre ellas la que impide que un operador de servicios públicos sea licenciatario de medios de comunicación.
En la misma transgresión incurren Gerardo Luis Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de Electroingeniería, habitual adjudicataria de obras públicas. Ferreyra -antiguo amigo del titular de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Zannini-y Acosta compraron Radio del Plata a fines de 2008. Desde entonces, la audiencia de esa emisora fue perdiendo oyentes, pero ganando publicidad del Estado.
Hay casos de periodismo oficial que son llamativos no por su dimensión sino por sus procedimientos. Es el caso de Debate, la revista que dirige Marcelo Capurro, que promueve la imagen de Miguel Galuccio y ejerce una vocería informal de su gestión al frente de YPF, cuya área de comunicación está a cargo de Doris Capurro, la esposa del director. Esta inquieta socióloga dirige, además, la encuestadora Ibarómetro, que fue la más entusiasta divulgadora de los espectaculares rangos de adhesión que obtuvo la Presidenta con la confiscación de la petrolera. ¿Dónde se publicaron los datos del sondeo? En Debate, claro.
Un capítulo aparte merece el diario Página/12, que ha visto caer sus ventas casi diez veces desde sus mejores tiempos, cuando era dirigido por Jorge Lanata, y sin embargo nunca recibió tanta publicidad oficial como en los últimos años.
Como en otras áreas de su actuación, en el campo mediático el Gobierno prefiere no quedar limitado al aparato de comunicación, de por sí elefantiásico, con que cuenta el Estado. Prefiere constituir, con fondos públicos, una cadena paraestatal. Ese método presta sus mejores servicios cuando el kirchnerismo decide vituperar a un "enemigo". Es el momento en que esa red de diarios, portales digitales, radios y canales de TV funciona como una gran maquinaria de difamación.
El ataque desde el poder estatal pretende enmascararse como un ejercicio crítico de la prensa. El método reproduce en el campo de la información el formato utilizado por los Kirchner en Santa Cruz, y también en la escala nacional, como se verificó en el conflicto del campo, cada vez que se encontraron ante una protesta popular; no sería la policía sino grupos paraoficiales de civiles los que actuarían como fuerza de choque. La imagen de un gobierno que reprime a los disconformes intenta ser sustituida por la de una saludable confrontación entre iguales en el seno de la democracia. Del mismo modo, la intimidación mediática que ejerce el Gobierno, que es una forma de censura, pretende ser presentada como un debate entre medios de comunicación privados.
Este curioso "periodismo de amigos" que tanto se ha extendido bajo la actual administración presenta límites imposibles de ser superados. El más evidente es que ninguna de las empresas de esta cadena oficial ha conseguido producir un éxito editorial. Con la promesa de que ofrecerán a la Presidenta un escuadrón agresivo y eficiente en su guerra contra la "corporación mediática", que es como llaman al periodismo profesional, le arrancan más y más recursos al Estado. Pero a la hora de cumplir con lo pactado, defraudan a su amo, porque carecen de lectores y de audiencias interesados en su mensaje.
No hay novedad en el fenómeno. Muchos gobiernos anteriores al de los Kirchner cayeron en la trampa con la misma ingenuidad. En su obstinación por combatir una visión independiente de la realidad, perdieron de vista que la esencia del oficio periodístico es la credibilidad. Y que esa credibilidad sólo se construye en el ejercicio honesto y sistemático de la crítica. Esta es la barrera que ningún proceso autoritario ha podido derribar.
